Estimados matriculados:

Dado que se ha tomado conocimiento, a través de numerosos matriculados, de que se encuentra circulando un correo electrónico mediante el cual se les insta a acompañar con su firma una supuesta acción de amparo a favor de los profesionales de nuestro Colegio y frente a la confusión que ello genera y a los fines de evitar que de manera incauta algún matriculado pudiera suscribir un escrito que no cuenta con el respaldo institucional del CTPCBA, nos vemos obligados a realizar la siguiente aclaración:

La única acción judicial oficial emprendida por el CTPCBA, oportunamente aprobada por la mayoría de los Consejeros que integran el Consejo Directivo y que tiene por objeto poner fin y dar una solución definitiva a las controvertidas medidas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, es la que se le encargó al Doctor Daniel Alberto Sabsay, reconocido jurista especialista en derecho constitucional.

El prestigio, la seriedad y el profesionalismo de excelencia del citado profesional, quien es además un destacado académico de la Universidad de Buenos Aires, con repercusión nacional e internacional, se encuentran a la altura requerida para defender los derechos y garantizar el acceso a la justicia de la totalidad de los Traductores Públicos matriculados, sin necesidad de tener que suscribir ningún tipo de escrito u autorización dado el carácter de nuestra institución, señera en la representación de la profesión y jurídicamente legitimada para reclamar colectivamente la restitución de los derechos de sus matriculados que se han visto vulnerados.

Por lo expuesto y frente a requerimientos engañosos que pueden llevar a confundir a los profesionales afectados reiteramos la aclaración de que la única acción judicial que cuenta con la legítima representación institucional, en los términos del art. 18 de la ley 20.305, es la patrocinada por el Dr. Sabsay.

Saludos cordiales.

El Consejo Directivo