Les informamos que, como parte de la política de vinculación institucional impulsada por el Consejo Directivo desde enero de este año, el jueves 24 de julio autoridades del CTPCBA se reunieron con el responsable de la Inspección General de Justicia (IGJ).

En representación del Colegio participaron la secretaria general, traductora pública Alide Drienisienia; la presidenta del Tribunal de Conducta, traductora pública Carina Barres; y el doctor Oscar Pereira, responsable de la Oficina de Asuntos Jurídicos. En nombre de la IGJ fueron recibidos por el inspector general de justicia, doctor Daniel Roque Vítolo.

Durante el encuentro, las autoridades del CTPCBA expresaron su conformidad respecto del cumplimiento de la Ley 20305 por parte de la IGJ, ya que se exige, sin excepción, la traducción pública legalizada de todos los documentos que se reciben en un idioma extranjero, con el convencimiento de que la traducción pública legalizada es la única que brinda seguridad jurídica. Asimismo, el doctor Vítolo expresó su reconocimiento a la labor de los traductores públicos, que se ve reflejado en las exigencias del organismo y en sus propias palabras, en la publicación oficial que realizó al día siguiente: «En una sociedad globalizada, el rol de los traductores públicos es esencial para la seguridad jurídica, la transparencia documental y la protección de derechos en contextos plurilingües. Su labor no es meramente técnica o lingüística, sino también institucional y jurídica, con consecuencias directas sobre la validez de los actos y decisiones que derivan de los documentos traducidos».

La traductora pública Barres abordó, además, un tema concreto que atañe a los documentos que vienen del exterior redactados en idioma español, pero con sellos y legalizaciones en un idioma extranjero.

Por otra parte, se trató el tema de las traducciones públicas con firma digital, que no son aceptadas por la IGJ, la cual por el momento solo trabaja con traducciones públicas con firma ológrafa. El inspector general informó que está previsto que en un futuro mediato comiencen la digitalización integral de los trámites ante el organismo, lo que hará factible la aceptación de traducciones públicas con firma digital, por lo cual se puso a su disposición todo asesoramiento que pudieran necesitar en ese sentido por parte del Colegio.

Desde el CTPCBA celebramos estrechar lazos con la IGJ, que aprecia y reconoce los beneficios de la labor del traductor público en la sociedad, y seguiremos en este camino, en pos de robustecer la visibilidad de la profesión en el ámbito público.